El 31 de enero de 2020, Airbus SE ("Airbus") y los fiscales de delitos de cuello blanco de Francia, Estados Unidos e Inglaterra anunciaron que Airbus había llegado a acuerdos para evitar el enjuiciamiento en relación con el soborno y la corrupción. Airbus estuvo involucrado en prácticas de soborno a través de sus empleados, ejecutivos y "socios comerciales", "consultores" o "intermediarios". Estas personas formaron el vínculo entre Airbus y los responsables de toma de decisiones entre los clientes potenciales de Airbus. Airbus pagó un importe de 3.600 millones de euros a las tres autoridades. En conjunto, los acuerdos representan uno de los acuerdos más grandes jamás alcanzados tras cargos de soborno y corrupción.

Para los inversores esto significó que Airbus incumplió sus obligaciones leales de divulgación en relación con su participación en (i) las prácticas de soborno, (ii) la institucionalización del soborno en sus operaciones y (iii) el riesgo significativo al que se enfrentaba Airbus. Este riesgo consistía en graves consecuencias financieras y de reputación, investigaciones penales y procesamiento, incluida la imposición de multas; devolución de beneficios y otros reclamos. Dado que Airbus ocultó esos riesgos durante mucho tiempo, el precio de sus acciones se infló. Los precios de las acciones de Airbus eran más altos de lo que habrían sido si se hubiera informado adecuadamente al mercado.